1. Magnitud del aumento y contexto macrofiscal
Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentó en $169 billones, el mayor incremento anual en más de dos décadas.
Con ello, el saldo total de deuda asciende a $1.138 billones, equivalente a cerca del 66 % del PIB, según estimaciones del mercado.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro en 2022, el endeudamiento total ha crecido $317 billones, un aumento del 38,6 % frente a la administración anterior.
El salto reciente se explica por una política fiscal altamente expansiva, combinada con menores ingresos tributarios y elevados compromisos sociales y de inversión, que han presionado la caja del Estado y forzado un uso intensivo de emisiones de deuda interna y externa.
2. Estrategia de financiamiento y uso de instrumentos
El Ministerio de Hacienda ha recurrido a emisiones récord de bonos y pagarés del Tesoro, además de operaciones de canje y recompra de deuda que suman más de $87 billones en 2025.
Objetivos oficiales:
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Aliviar temporalmente el pago de intereses.
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Reprogramar vencimientos cercanos.
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Mejorar el perfil de vencimiento de TES y bonos internacionales.
Resultado técnico:
Si bien las recompras generaron un ahorro puntual de $1,7 billones, el uso agresivo de títulos de corto plazo (TCO y pagarés) ha incrementado el riesgo de refinanciación, concentrando obligaciones por $179 billones en 2026.
Esto implica que el 16 % del total de la deuda pública vence en menos de 12 meses, una exposición sin precedentes para la economía colombiana.
3. Costo del servicio de deuda y sostenibilidad
La deuda colombiana enfrenta ahora tasas efectivas cercanas al 12 % anual en bonos a 10 años, el doble del promedio histórico (6–8 %).
Este encarecimiento tiene tres causas principales:
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El aumento del riesgo país percibido por inversionistas.
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La depreciación del peso frente al dólar.
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La suspensión temporal de la Regla Fiscal en junio de 2025, que debilitó la confianza institucional en el manejo presupuestal.
El pago de intereses podría superar el 4,5 % del PIB en 2026, desplazando gasto social y reduciendo el margen de maniobra fiscal.
4. Riesgos fiscales inmediatos
El análisis de La Lupa Fiscal del Banco de Bogotá advierte que la estrategia actual otorga “oxígeno de caja” temporal, pero deja un escenario complejo:
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Refinanciación forzada: el Gobierno deberá renovar o sustituir deuda de corto plazo a tasas más altas.
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Presión sobre TES internos: el stock de Títulos de Corto Plazo (TCO) casi se triplicó en un año, de $16,5 a $41,7 billones.
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Expansión de pagarés: $34,2 billones emitidos solo en 2025, cuadruplicando la cifra del año anterior.
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Déficit estructural creciente: el déficit fiscal se estima entre 7,8 % y 8 % del PIB, superando la meta oficial de 7,1 %.
5. Lectura de fondo: política fiscal procíclica y deterioro del balance
Aunque el Gobierno argumenta que las operaciones de deuda buscan estabilizar el gasto social y dinamizar la inversión pública, el patrón observado refleja una política fiscal procíclica, donde el endeudamiento sustituye el ingreso estructural y posterga ajustes.
El problema de fondo no es solo el tamaño de la deuda, sino su composición:
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mayor dependencia de instrumentos de corto plazo,
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incremento en la deuda interna sobre la externa,
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costos financieros crecientes,
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y vulnerabilidad ante choques de tasa o depreciación.
6. Implicaciones macroeconómicas y de riesgo país
El escenario proyectado para 2026 plantea tres advertencias principales:
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Riesgo de refinanciación alto: más de $179 billones deberán renegociarse o pagarse en un contexto de tasas globales aún elevadas.
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Presión presupuestal: el servicio de deuda absorberá una proporción récord del presupuesto nacional, reduciendo espacio para inversión social o infraestructura.
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Pérdida de credibilidad fiscal: la suspensión de la Regla Fiscal y el uso recurrente de deuda para gasto corriente pueden afectar la calificación crediticia soberana, actualmente en grado de inversión bajo vigilancia.
7. Conclusión
Colombia enfrenta en 2025 una encrucijada fiscal:
El Gobierno ha ganado liquidez inmediata, pero a costa de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
Si no se implementan reformas estructurales para ampliar la base tributaria, contener el gasto corriente y reactivar la inversión privada, el país podría entrar en un ciclo de endeudamiento regresivo, donde cada refinanciación eleva el riesgo y reduce el espacio de política económica.
En resumen:
La deuda pública de Colombia ya no solo es alta: se ha vuelto más costosa, más corta y más riesgosa.
El alivio temporal obtenido en 2025 podría transformarse en un cuello de botella financiero en 2026.