Claves de la noticia
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El Gobierno de Trump pidió este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a unos 300.000 venezolanos.
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La solicitud busca revertir decisiones de tribunales inferiores que habían bloqueado la medida, acusando a esos fallos de ser una “afrenta innecesaria”.
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El TPS había sido otorgado por la administración Biden en 2021 y renovado en 2023 debido a la crisis política, social y económica de Venezuela.
Contexto político y judicial
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien anunció la revocatoria del TPS para los venezolanos, argumentando que mantenerlo sería “contrario al interés nacional”.
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Tribunales federales, entre ellos el Noveno Circuito, han bloqueado la medida, alegando que podría violar la Ley de Procedimiento Administrativo y estar motivada por razones raciales o políticas.
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La Corte Suprema ya permitió en mayo que Trump avanzara parcialmente con su política, aunque sin ofrecer argumentos en su decisión, lo que ha generado incertidumbre en los jueces de instancias inferiores.
Implicaciones de la decisión
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Migración: Si la Corte Suprema falla a favor de Trump, más de 300.000 venezolanos perderían su estatus legal y quedarían expuestos a la deportación inmediata.
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Política interna: La medida refuerza la agenda antiinmigrante del segundo mandato de Trump, apelando a su base electoral pero tensionando las relaciones con comunidades latinas en EE. UU.
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Derecho administrativo: El caso plantea un debate mayor sobre los límites de las decisiones ejecutivas y el valor jurídico de órdenes de emergencia de la Corte Suprema que carecen de argumentación detallada.
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Relaciones internacionales: La presión sobre los migrantes venezolanos podría tensar aún más las relaciones con América Latina, especialmente con gobiernos que han recibido grandes flujos migratorios venezolanos (Colombia, Brasil, Perú).
Conclusión
La ofensiva de Trump contra el TPS venezolano se ha convertido en un pulso legal y político de gran trascendencia. Por un lado, busca consolidar su narrativa de “mano dura” frente a la migración; por el otro, abre una nueva grieta en el sistema judicial sobre el papel de la Corte Suprema y los límites del poder presidencial. La decisión final afectará no solo a cientos de miles de familias venezolanas, sino también al futuro del equilibrio institucional en EE. UU.
