El informe de Así Vamos en Salud confirma lo que distintos actores del sector venían advirtiendo: las EPS atraviesan una crisis estructural y de sostenibilidad financiera que ya no puede considerarse coyuntural ni transitoria.
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Activos en retroceso: la caída de $23,2 billones en 2020 a $18,1 billones en 2025 revela que el sistema cuenta con menos respaldo económico para cubrir a una población que sigue creciendo. La ausencia de información de la Nueva EPS solo agrava la incertidumbre, ya que esa entidad concentra casi una cuarta parte de los afiliados.
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Pasivos en aumento: las obligaciones de $29,6 billones en el primer semestre de 2025 superan con creces los activos disponibles, llevando la relación pasivo/activo a 164%, lo cual equivale a una situación de insolvencia técnica. Incluso si las EPS lograran cobrar todas sus cuentas por cobrar, estas no cubrirían sus deudas.
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Patrimonio en terreno negativo: el salto de –$550.000 millones en 2022 a –$11,4 billones en 2025 ilustra un deterioro acelerado y profundo. La mayoría de las EPS presentan déficits patrimoniales que comprometen su permanencia en el sistema.
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Resultados operativos en rojo: el déficit operacional se duplicó en tres años, alcanzando –$2,4 billones en 2025. La siniestralidad global por encima del 100% indica que los ingresos vía UPC nunca logran cubrir el costo real de los servicios médicos.
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Concentración de riesgos: apenas 7 EPS concentran más del 80% de los activos y el 74% de los pasivos, lo que implica que la quiebra o deterioro de una sola de ellas podría tener un efecto dominó sobre el sistema y millones de afiliados.
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EPS intervenidas sin recuperación: las medidas de la Superintendencia no han corregido los problemas de liquidez ni de solvencia. Por el contrario, las cifras muestran que incluso bajo intervención las entidades siguen acumulando pérdidas y patrimonio negativo.
Conclusión
El informe corrobora que el modelo actual de aseguramiento en salud está en un punto crítico de inviabilidad. El desbalance entre ingresos y costos, sumado al peso creciente de las deudas y al desplome patrimonial, pone en duda la capacidad del sistema para seguir operando sin reformas profundas.
El futuro inmediato dependerá de decisiones políticas y regulatorias de alto calado, en especial del ajuste de la UPC, de nuevas fuentes de financiamiento y de medidas más efectivas de control. De no actuar con rapidez, la crisis financiera de las EPS puede traducirse en una crisis aún mayor de acceso y calidad para los usuarios.
