El Banco de la República reveló que la ampliación del impuesto al patrimonio en 2011, originalmente creada para atender la emergencia de la ola invernal, tuvo un impacto mucho más profundo en las pymes, que representan más del 90% de las empresas y cerca del 80% del empleo formal en Colombia.
El estudio muestra que, al quedar incluidas miles de pymes en la obligación tributaria (el número de empresas contribuyentes pasó de 3.441 en 2010 a más de 11.000 en 2011), se generaron tres efectos económicos directos:
-
Restricciones de crédito: las empresas afectadas recibieron menos préstamos, a tasas más altas y con plazos más cortos, encareciendo su financiamiento.
-
Caída en inversión y productividad: la inversión empresarial se redujo en casi 10 puntos porcentuales y los ingresos en 6,2 pp, reflejando pérdida de dinamismo en la actividad productiva.
-
Reducción de empleo: el ajuste golpeó sobre todo a las firmas con mayor endeudamiento, con caídas relativas del 4,5% en puestos de trabajo.
Además, al no poder acceder fácilmente a crédito bancario, las pymes recurrieron más al financiamiento de proveedores, debilitando las cadenas de pago y aumentando su fragilidad financiera.
El análisis concluye que este tipo de tributo funcionó como una “confiscación del capital”: redujo la rentabilidad actual y futura de las empresas, desincentivó la inversión y terminó comprometiendo el tejido productivo.
❓ Aclaración para el lector
Aunque el debate público suele asociar el impuesto al patrimonio con grandes fortunas, el estudio evidencia que las más golpeadas fueron las pymes, que carecen de colchones financieros y dependen en gran medida del crédito para crecer.
En otras palabras: el Estado ganó un alivio fiscal (el recaudo pasó de 0,4% a 0,7% del PIB), pero el costo lo asumieron las empresas que sostienen el empleo formal en Colombia.
📌 En conclusión: la medida que buscó atender una emergencia coyuntural terminó generando un **impacto estructural
