Fenalco advierte que la reforma laboral ya está destruyendo empleo y anuncia ruptura con el Gobierno

La noticia publicada por Portafolio refleja la fuerte preocupación del sector comercio frente a la reforma laboral implementada por el Gobierno de Gustavo Petro. Fenalco, gremio que agrupa a más de 18.000 afiliados, concluye —con base en una encuesta interna— que las primeras decisiones empresariales tras la entrada en vigencia de la nueva normativa laboral ya se traducen en reducción de puestos de trabajo.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señala que no hay interlocución con el Ejecutivo, lo que llevó al gremio a romper la tradición de diálogo en dos escenarios claves:

1. El Congreso Nacional de Comerciantes, donde no habrá presencia de funcionarios del Gobierno.

2. La mesa de concertación salarial, al considerar que la decisión de subir el salario mínimo en 11% ya está tomada unilateralmente.

En paralelo, Fenalco rechaza de manera contundente la nueva reforma tributaria propuesta, calificándola de “nefasta” por incrementar cargas fiscales en un contexto de baja ejecución presupuestal y crecimiento de la burocracia.

La crítica va más allá del tema coyuntural: Cabal insinúa que el gremio ya piensa en el cambio de Gobierno en 2026, lo que evidencia una fractura profunda en la relación entre comerciantes y el actual Ejecutivo.

El artículo expone con claridad la posición de Fenalco, pero no profundiza en un aspecto clave: ¿cuál es la magnitud real de la pérdida de empleo atribuible a la reforma laboral en tan corto plazo?

Hasta ahora, la evidencia presentada proviene de encuestas internas del gremio, no de cifras oficiales. Esa diferencia es fundamental para evaluar si el impacto es tan generalizado como se plantea.

El cierre de Kroger: crisis financiera y fusión fallida sacuden al gigante de los supermercados en EE. UU.

El anuncio del cierre de varios locales de Kroger Co., una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, refleja una crisis estructural en el sector minorista norteamericano. La compañía, que emplea a miles de personas y distribuye productos de consumo masivo como cereales, snacks y bebidas, enfrenta una doble presión: pérdidas operativas en distintas tiendas y el fracaso de su fusión con Albertsons, bloqueada por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El intento de adquisición, valorado en más de US$25.000 millones, buscaba fortalecer la posición de Kroger frente a competidores como Walmart, Amazon y Costco. Sin embargo, la FTC frenó el proceso alegando que la operación reduciría la competencia, elevaría los precios de alimentos básicos y afectaría tanto a consumidores como a trabajadores.

La decisión regulatoria dejó a Kroger en una situación financiera delicada: invirtió recursos y expectativas en una fusión que no prosperó, lo que sumado a la caída de ventas en algunos estados derivó en cierres de locales y en la salida del mercado de ciertos productos propios.

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⚠️ Impacto económico y social

1. Consumidores: menor oferta de supermercados y desaparición de marcas propias de Kroger, lo que limita la variedad y podría encarecer productos básicos.

2. Empleo: miles de trabajadores quedan en incertidumbre por el cierre de locales y la paralización de la fusión.

3. Competencia: la FTC mantiene su postura de proteger el mercado, pero deja abierta la pregunta sobre la capacidad de Kroger de competir en un sector cada vez más concentrado.

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❓ Aclaración para el lector

Aunque la noticia pueda dar la impresión de que Kroger desaparecerá, la cadena no cierra todas sus operaciones, sino que reduce su presencia en varios estados como medida de contingencia. El gran golpe está en la imposibilidad de consolidar la fusión con Albertsons, lo que habría cambiado el mapa de la distribución alimentaria en EE. UU.

En conclusión, Kroger se mantiene en el mercado, pero enfrenta un panorama incierto, con pérdida de locales, productos y competitividad frente a rivales que dominan el sector minorista.

El impuesto al patrimonio: alivio fiscal para el Estado, pero asfixia para las pyme.

El Banco de la República reveló que la ampliación del impuesto al patrimonio en 2011, originalmente creada para atender la emergencia de la ola invernal, tuvo un impacto mucho más profundo en las pymes, que representan más del 90% de las empresas y cerca del 80% del empleo formal en Colombia.

El estudio muestra que, al quedar incluidas miles de pymes en la obligación tributaria (el número de empresas contribuyentes pasó de 3.441 en 2010 a más de 11.000 en 2011), se generaron tres efectos económicos directos:

1. Restricciones de crédito: las empresas afectadas recibieron menos préstamos, a tasas más altas y con plazos más cortos, encareciendo su financiamiento.

2. Caída en inversión y productividad: la inversión empresarial se redujo en casi 10 puntos porcentuales y los ingresos en 6,2 pp, reflejando pérdida de dinamismo en la actividad productiva.

3. Reducción de empleo: el ajuste golpeó sobre todo a las firmas con mayor endeudamiento, con caídas relativas del 4,5% en puestos de trabajo.

Además, al no poder acceder fácilmente a crédito bancario, las pymes recurrieron más al financiamiento de proveedores, debilitando las cadenas de pago y aumentando su fragilidad financiera.

El análisis concluye que este tipo de tributo funcionó como una “confiscación del capital”: redujo la rentabilidad actual y futura de las empresas, desincentivó la inversión y terminó comprometiendo el tejido productivo.

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❓ Aclaración para el lector

Aunque el debate público suele asociar el impuesto al patrimonio con grandes fortunas, el estudio evidencia que las más golpeadas fueron las pymes, que carecen de colchones financieros y dependen en gran medida del crédito para crecer.

En otras palabras: el Estado ganó un alivio fiscal (el recaudo pasó de 0,4% a 0,7% del PIB), pero el costo lo asumieron las empresas que sostienen el empleo formal en Colombia.

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📌 En conclusión: la medida que buscó atender una emergencia coyuntural terminó generando un **impacto estructural

El cierre de La Cocina de Pepina: un adiós que refleja la crisis de los restaurantes tradicionales en Bogotá.

 

El cierre de La Cocina de Pepina, uno de los restaurantes más emblemáticos de Bogotá por su enfoque en la gastronomía tradicional colombiana, no solo significa la pérdida de un referente cultural y culinario, sino que también expone la fragilidad del sector restaurantero frente a cambios económicos, sociales y de consumo.

Aunque este lugar se consolidó como un espacio de identidad gastronómica, su desaparición responde a tres factores clave:

1. Dificultades financieras del sector: la inflación de insumos, los altos costos de operación y la falta de márgenes de rentabilidad golpearon con fuerza a restaurantes medianos y pequeños.

2. Transformación de hábitos de consumo: muchos clientes migraron hacia experiencias gastronómicas más rápidas, cadenas con precios estandarizados o servicios de domicilios, reduciendo el flujo en restaurantes tradicionales.

3. Competencia creciente: la llegada de nuevas propuestas culinarias, muchas con fuerte respaldo de inversión y marketing, desplazó a negocios con tradición, pero con menos capacidad de adaptarse a tendencias digitales o modelos de negocio modernos.

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❓ Duda del lector aclarada

A simple vista, podría parecer contradictorio que un restaurante “emblemático” y querido cierre en tan poco tiempo después de su apertura (apenas dos años en Bogotá). La explicación está en que su reputación venía de la marca original de La Pepina en Cartagena, un referente reconocido nacionalmente. Sin embargo, en la capital no logró sostener el mismo éxito económico, lo que aceleró su salida del mercado.

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📌 En conclusión: el cierre de La Cocina de Pepina simboliza un reto mayor para la gastronomía tradicional colombiana: cómo preservar identidad cultural y sabores auténticos en un mercado dominado por la innovación rápida, la presión de costos y la competencia globalizada.

Crisis energética en Colombia: facturas podrían costar $200.000 millones por hora de racionamiento

Colombia enfrenta una crisis energética estructural que, de no resolverse, podría generar impactos económicos y sociales sin precedentes desde 2027. La combinación de factores internos y externos está presionando al sistema eléctrico y de gas, poniendo en riesgo tanto a hogares como a la competitividad empresarial.

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1. Magnitud del riesgo

• Según Jorge Valencia (exdirector de la Creg), una sola hora de racionamiento eléctrico costaría hasta $200.000 millones.

• La Upme proyecta un déficit de 65 GWh diarios hacia 2038, equivalente al 20% de la demanda nacional.

• La generación depende en un 62% de fuentes hídricas, vulnerables al Fenómeno de El Niño y a la variabilidad climática.

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2. Factores críticos

• Caída en la producción de gas natural: se espera que hacia 2030 la oferta local sea insuficiente (<400 GBTU/día), aumentando la dependencia de importaciones más costosas.

• Retrasos en proyectos: más del 55% de las obras de transmisión y generación están frenadas por demoras en licencias, consultas previas y falta de incentivos claros.

• Déficit fiscal en subsidios: el Gobierno adeuda al sector $2,7 billones en electricidad y $900.000 millones en gas, con necesidades adicionales de $8,9 billones hasta 2026.

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3. Impacto económico y social

• Hogares vulnerables: el no pago de subsidios trasladaría la carga a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, elevando el valor de la factura.

• Empresas e industria: mayor riesgo de pérdida de competitividad en sectores intensivos en energía (manufactura, cemento, alimentos, siderurgia).

• PIB nacional: racionamientos prolongados afectarían la productividad y la estabilidad macroeconómica.

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4. Soluciones propuestas

Las empresas no pueden depender exclusivamente de medidas del Estado. Expertos como Santiago Uribe (Azimut Energía) sugieren:

• Electrificación de consumos térmicos: migrar de gas natural a bombas de calor eléctricas para procesos industriales.

• Generación solar + baterías: aprovechar contratos PPA para reducir costos energéticos y garantizar respaldo en caso de cortes.

• Eficiencia energética y digitalización: ahorro del 15%-20% con iluminación eficiente, monitoreo en tiempo real y sistemas inteligentes de control.

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✅ Conclusión

La noticia refleja que Colombia está al borde de una crisis energética de gran escala: facturas que podrían costar $200.000 millones por hora de apagón, subsidios desfinanciados y proyectos de expansión atrasados.

Si bien el Gobierno debe actuar con urgencia para cubrir el déficit fiscal y acelerar la infraestructura, las empresas y hogares deben anticiparse con soluciones de autogeneración y eficiencia energética.

El dilema es claro: sin un plan integral, el país podría enfrentar racionamientos que no solo elevarían las tarifas, sino que golpearían directamente la economía y la calidad de vida de millones de colombianos.

Importaciones desde China suben 50% en Colombia: alivio para consumidores, amenaza para la industria local

En el primer semestre de 2025, las importaciones desde China hacia Colombia crecieron un 50% en volumen y casi un 25% en valor, alcanzando US$1.398 millones, según cifras del Dane.

Este incremento responde a varios factores:

• Exceso de inventarios chinos que buscan salida en Latinoamérica.

• Tensiones comerciales entre EE. UU. y China, que desvían flujos hacia países como Colombia.

• Caída del dólar, que abarató las compras externas.

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1. Impacto en consumidores

La mayor entrada de productos chinos podría significar precios más bajos en bienes de consumo, textiles y manufacturas. Esto es positivo en un contexto de recuperación de la demanda interna.

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2. Impacto en la industria nacional

• Acero y aluminio: la Cámara Colombiana de Acero advierte una competencia desleal, pues el insumo local (alambrón) paga 35% de arancel, mientras que productos terminados llegan con solo 10%. Esto incentiva importar en lugar de transformar en Colombia.

• Textiles y confecciones: mayor vulnerabilidad frente a la competencia asiática por precios bajos.

En ambos casos, la industria local queda en desventaja y se frena la producción nacional.

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3. Efecto macroeconómico

• Inflación: pese al aumento de importaciones, analistas como Julio Romero (Corficolombiana) señalan que el impacto en precios internos será limitado en 2025.

• Balanza comercial: podría deteriorarse aún más, dado que Colombia incrementa compras sin aumentar significativamente sus exportaciones a China.

• Diversificación de riesgos: la inestabilidad de la política comercial de EE. UU. impulsa a los empresarios a buscar proveedores alternativos, pero esto refuerza la dependencia de China.

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✅ Conclusión

El alza del 50% en importaciones chinas es un arma de doble filo: los consumidores ganan con precios más bajos, pero la industria nacional pierde competitividad, especialmente en sectores sensibles como el acero y los textiles.

La pregunta clave es si el Gobierno ajustará la política arancelaria y de apoyo industrial para evitar que el país se convierta en un simple receptor de manufacturas chinas en lugar de fortalecer su producción interna.

Banco Itaú despide a 1.000 empleados por baja productividad en teletrabajo: control digital y polémica laboral

El despido de 1.000 empleados del banco Itaú en São Paulo marca un hito polémico en la relación entre teletrabajo, productividad y control laboral digital. La institución justificó la decisión alegando que muchos trabajadores apenas estaban conectados un 20 % de la jornada, muy por debajo del promedio del 75 %.

Sin embargo, esta acción ha generado críticas sindicales y un debate más amplio sobre los límites de la supervisión remota.

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1. Contexto y cifras clave

• Itaú es el mayor banco de Brasil, con más de 100.000 empleados.

• Alrededor del 60 % de su plantilla trabaja en modalidad híbrida.

• La decisión se tomó pese a que el banco reportó beneficios récord de 6.400 millones de euros en 2024.

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2. La lógica empresarial

• La entidad defendió que la medida buscaba proteger la confianza entre empleados, clientes y la cultura organizacional.

• Argumenta que no se trató de un castigo financiero, sino de corregir conductas incompatibles con los valores corporativos.

• El banco se amparó en herramientas de monitoreo digital, que detectaron inactividad prolongada en los equipos de trabajo.

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3. El cuestionamiento sindical

• Los sindicatos denuncian falta de transparencia: no se comunicaron de manera clara los objetivos ni los criterios de medición.

• Preguntas centrales:

  • ¿Qué métricas exactas definieron la productividad?

  • ¿Se tuvo en cuenta la naturaleza de cada cargo?

  • ¿Qué garantías tuvieron los empleados para defenderse?

• Según Neiva Ribeiro, presidenta sindical, la medida refleja un desbalance de poder, donde la empresa controla sin rendir cuentas.

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4. Implicaciones laborales

• Precedente preocupante: abre la puerta a que más empresas usen la vigilancia digital como mecanismo de despido.

• Cultura del miedo: la productividad medida solo por conexión o clics puede fomentar estrés y simulación de actividad (“presencialismo digital”).

• Contradicción empresarial: la decisión choca con los resultados récord del banco, lo que refuerza la percepción de que los despidos son más disciplinarios que económicos.

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✅ Conclusión

El caso Itaú no solo es un despido masivo, es el reflejo de una nueva tensión global en la era del teletrabajo: la línea difusa entre control digital y confianza laboral.

Mientras la empresa lo presenta como una defensa de la productividad y la cultura corporativa, los sindicatos lo denuncian como un abuso de vigilancia y falta de transparencia.

El fondo del debate es claro: ¿hasta qué punto las empresas pueden vigilar y sancionar la productividad en remoto sin vulnerar la confianza y los derechos de sus trabajadores?