3. Ineficiencia administrativa y burocracia como cáncer lento
- Trabas para cerrar registros públicos : El proceso implica cierre de RUC, número patronal, cuentas en el Banco Central, entre otros — tareas que toman meses cuando deberían durar semanas.
- Falta de coordinación entre instituciones : El MTOP, encargado de recibir activos y pasivos, debe interactuar con múltiples entidades, lo que retrasa cada paso del proceso.
Conclusión : La falta de un sistema ágil y digitalizado para liquidar empresas públicas genera demoras absurdas. Esto no solo es ineficiente, sino costoso para el Estado.
4. Intereses políticos detrás del retraso
- Resistencia a cortar vínculos laborales : Muchos empleados de TAME aún esperan acuerdos de retiro o compensaciones, y cualquier intento de liquidación definitiva puede generar presión social o sindical.
- Peligro electoral : Cerrar una empresa estatal implica despidos y pérdida de imagen gubernamental. En año electoral (como 2025 en Ecuador), los gobiernos prefieren posponer decisiones impopulares.
Conclusión : Lo técnico y lo político están profundamente entrelazados. Liquidar una empresa pública no es solo una decisión económica, sino también una jugada política.
5. Ausencia de marco legal claro para la extinción de empresas públicas
- No hay un procedimiento único ni eficiente : A diferencia de las empresas privadas, donde existe el concurso preventivo o quiebra regulada, en el sector público todo se improvisa.
- Legislación insuficiente : No hay normas claras sobre cómo vender activos, qué hacer con los acreedores, cómo manejar litigios pendientes o qué responsabilidad asume el Estado tras el cierre.
Conclusión : Sin reformas legales que permitan liquidar empresas públicas de forma rápida y transparente, este tipo de procesos seguirán siendo largos, costosos y opacos.
6. Impacto real en la economía y en los trabajadores
- Recursos estancados : Mientras TAME sigue en proceso de cierre, sus activos no son utilizados ni generan valor. Eso representa una pérdida para la economía nacional.
- Incertidumbre laboral : Los ex empleados siguen en limbo, sin saber si cobrarán bonos, indemnizaciones o pensiones adeudadas.
- Costo fiscal innecesario : Mantener operando registros, abogados, contadores y gestores para una empresa muerta representa un gasto que podría evitarse.
Conclusión : Esta situación no solo afecta al aparato estatal, sino también a miles de familias que dependen indirectamente de estos activos públicos.
Reflexión final: TAME EP, un espejo del fracaso estructural del Estado empresarial
La ampliación del plazo de liquidación de TAME EP no es un hecho aislado. Es parte de un patrón repetido en muchos países donde el Estado interviene como empresario: entra con promesas, opera con déficit, cierra con deudas y termina pagando el ciudadano común.
Este caso muestra que:
- Las empresas públicas no están diseñadas para ser sostenibles
- Su cierre no responde a criterios económicos, sino políticos
- La burocracia y la falta de marco legal hacen que su muerte sea lenta y dolorosa
- El costo real lo paga la sociedad, no quienes tomaron las decisiones
En lugar de mantener estructuras obsoletas, debería haberse priorizado una privatización clara o una liquidación ordenada. Pero eso requiere voluntad política, transparencia y un Estado que funcione. Cosas que, al parecer, siguen lejos de la realidad ecuatoriana.
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