El conflicto entre Dignidad Agropecuaria —movimiento que representa a los productores rurales— y el Gobierno de Gustavo Petro ha escalado tras el incumplimiento de los acuerdos alcanzados luego del paro arrocero de julio de 2025.
Los cultivadores denuncian que el Ejecutivo no cumplió los compromisos pactados sobre precios y pagos, mientras la industria molinera impone condiciones desventajosas con el aval de instituciones oficiales. El resultado es una crisis estructural que afecta los ingresos de miles de familias campesinas y evidencia la debilidad de los mecanismos de protección al productor agrícola en Colombia.
⚙️ Los hechos clave
El documento “Memorial de agravios: ultrajes contra los arroceros de Colombia”, publicado por Dignidad Agropecuaria, resume tres ejes de la denuncia:
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Incumplimiento en los pagos y retrasos prolongados — productores deben esperar más de 90 días para recibir el dinero de su cosecha.
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Precios de compra que cubren solo el 70% de los costos de producción, muy por debajo de lo acordado entre gremios e industria.
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Aparición de “compradores piratas” que aprovechan la falta de control estatal para pagar valores aún más bajos y evadir sanciones.
La organización señala que el acuerdo firmado entre la industria (Induarroz), la ANDI y Fedearroz, con acompañamiento del Ministerio de Agricultura, favoreció a los molinos y no a los productores. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no habría garantizado imparcialidad en la supervisión de precios ni en las condiciones de mercado.
💰 Precios ruinosos y manipulación del mercado
El acuerdo establecía un precio para el paddy verde (arroz con cáscara recién cosechado) entre $1.457.000 y $1.589.000 por tonelada, según la región.
Sin embargo, Dignidad Agropecuaria denuncia que la industria está pagando valores inferiores, tras modificar unilateralmente las tablas de descuento y los parámetros de calidad.
Este control total de la cadena de valor por parte de los molinos deja a los agricultores sin poder de negociación y sin arbitraje independiente, lo que vulnera principios básicos de competencia y equidad comercial.
La situación se agrava con la práctica denunciada de forzar a los productores a firmar documentos de aceptación obligatoria bajo amenaza de no recibir el pago, lo que —según el gremio— convierte los acuerdos en actos de coerción económica.
🚨 Contrabando e inacción estatal
Otro componente central del conflicto es el contrabando de arroz, especialmente desde Ecuador y Venezuela.
Dignidad Agropecuaria advierte que el Gobierno no ejerce control efectivo, mientras las incautaciones oficiales no reflejan la magnitud real del delito.
El ingreso masivo de arroz extranjero sin registro ni trazabilidad desploma los precios internos y desincentiva la producción nacional, configurando un círculo vicioso que debilita al sector.
🧾 Reacción y medidas gremiales
Ante este escenario, Dignidad Agropecuaria y Dignidad Arrocera anunciaron acciones legales, jurídicas y movilizaciones sociales para exigir el cumplimiento de los acuerdos y restablecer condiciones justas para los campesinos.
El gremio sostiene que el Gobierno, la industria y Fedearroz actuaron en conjunto para favorecer a los grandes molinos, dejando a los productores desprotegidos y con pérdidas millonarias.
La situación revive tensiones que ya se habían expresado en los dos paros arroceros de 2025 (marzo y julio), cuando los agricultores denunciaron la falta de garantías para comercializar sus cosechas en condiciones justas.
📉 Impacto económico y social
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Miles de pequeños productores enfrentan deudas y riesgo de quiebra por la caída del precio interno y los retrasos en los pagos.
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El desequilibrio entre industria y campesinos refleja una estructura agroindustrial altamente concentrada.
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La seguridad alimentaria nacional se ve amenazada si el arroz nacional deja de ser rentable frente al contrabando o la importación.
Además, el conflicto expone el déficit de gestión del Ministerio de Agricultura, liderado por Martha Carvajalino, en la implementación de políticas efectivas de estabilización de precios y control de intermediarios.
🧭 Conclusión
El conflicto arrocero no es un hecho aislado: revela una fractura estructural entre el Gobierno, los gremios productivos y la industria agroalimentaria.
La falta de mecanismos transparentes para fijar precios, los retrasos en los pagos y la permisividad frente al contrabando han erosionado la confianza del campo colombiano en las políticas públicas de la administración Petro.
Si el Estado no restablece los acuerdos y garantiza reglas claras, el arroz —alimento básico en la mesa de los colombianos— podría convertirse en un nuevo símbolo de la crisis rural y del fracaso de la política agraria nacional.
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