domingo, 11 de enero de 2026

Crisis en Bolivia desborda fronteras: peruanos varados, comercio paralizado y riesgo regional creciente

 

Crisis en Bolivia desborda fronteras: peruanos varados, comercio paralizado y riesgo regional creciente

Bloqueos sociales, escasez de divisas y tensión política en Bolivia ya generan impactos directos sobre Perú, el turismo y el intercambio bilateral

La crisis social y económica que atraviesa Bolivia dejó de ser un problema interno y comenzó a proyectarse con fuerza sobre los países vecinos. Los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) han paralizado rutas estratégicas hacia Perú y Chile, interrumpiendo el comercio exterior, el transporte de pasajeros y dejando a decenas de ciudadanos peruanos varados en La Paz y en zonas fronterizas, en plena temporada alta de turismo.

El cierre de vías clave coincide con un contexto de escasez de dólares, caída de reservas internacionales y dificultades fiscales, lo que ha profundizado el deterioro económico boliviano y elevado la conflictividad social.

Peruanos atrapados y rutas colapsadas

El impacto humano es inmediato. Turistas y trabajadores peruanos que viajaron a Bolivia, especialmente hacia el salar de Uyuni, quedaron atrapados tras la suspensión total del transporte interdepartamental. Algunos se vieron obligados a caminar durante horas o incluso días para intentar cruzar la frontera, exponiéndose a situaciones de violencia y riesgo.

Testimonios desde la zona describen ataques a buses y vehículos por parte de grupos movilizados, como los Ponchos Rojos, y un ambiente de alta tensión en los corredores fronterizos, especialmente en el eje La Paz–Desaguadero.

La Cancillería peruana ha confirmado labores de asistencia consular, aunque la capacidad de evacuación sigue siendo limitada ante la persistencia de los bloqueos.

Comercio binacional: un golpe que se amplifica

Más allá del drama humanitario, el impacto económico es significativo para ambos países. El bloqueo total del transporte pesado ha detenido el flujo comercial bilateral, que en 2023 superó los 1.400 millones de dólares.

  • Perú importó desde Bolivia US$871 millones, principalmente soya y derivados.

  • Bolivia compró productos peruanos por US$533 millones, como acero, plásticos y textiles.

La paralización afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, que dependen de la logística terrestre y carecen de capacidad financiera para soportar interrupciones prolongadas. Transportistas y exportadores advierten que las pérdidas ya se cuentan en millones y podrían agravarse si el conflicto se extiende.

Crisis económica y transición política: el trasfondo

El conflicto se desarrolla en un momento crítico para Bolivia. La escasez de divisas, el debilitamiento del mercado de capitales local y las dificultades para sostener importaciones han erosionado la estabilidad económica. En este contexto, el Gobierno declaró medidas de emergencia que detonaron la protesta social.

En paralelo, el país atraviesa un punto de inflexión político. Los resultados preliminares de las elecciones de agosto de 2025 muestran un avance de fuerzas opositoras tras más de dos décadas de hegemonía del socialismo. La posibilidad de una segunda vuelta mantiene en suspenso el rumbo económico y regulatorio del país.

Analistas coinciden en que un eventual cambio de modelo podría mejorar la previsibilidad y restablecer la confianza, pero advierten que sin estabilidad social y libre tránsito, cualquier recuperación será limitada.

Turismo y economía regional bajo presión

El turismo es uno de los sectores más afectados. La temporada alta hacia Uyuni y el circuito andino quedó prácticamente paralizada, golpeando a operadores bolivianos y peruanos. La crisis evidencia la interdependencia regional y cómo los conflictos internos pueden trasladar costos económicos a países vecinos en cuestión de días.

Conclusión: una crisis que ya no es solo boliviana

La situación en Bolivia revela un riesgo claro: cuando se rompe la circulación, se rompe la integración económica. Mientras continúen los bloqueos, Perú seguirá enfrentando impactos en comercio, turismo y movilidad de personas.

Para los ciudadanos varados y las empresas afectadas, la incertidumbre persiste. Y para la región, el episodio deja una advertencia clara: la estabilidad económica ya no puede analizarse solo dentro de las fronteras nacionales.

IPC de 2025 en 5,10% marcará ajustes clave en tarifas, servicios y contratos durante 2026

 

IPC de 2025 en 5,10% marcará ajustes clave en tarifas, servicios y contratos durante 2026

La inflación mostró una leve desaceleración y se convierte en la referencia central para arrendamientos, servicios públicos y educación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia cerró 2025 con una variación anual de 5,10%, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El dato representa una ligera desaceleración frente al 5,20% registrado en diciembre de 2024, y será el principal referente para múltiples ajustes económicos y contractuales a lo largo de 2026.

Este indicador impacta directamente la planeación financiera de hogares, empresas e instituciones, al definir los límites máximos de incremento en diversos contratos y tarifas reguladas.

Arrendamientos, pensiones y servicios: los principales efectos

Con el IPC en 5,10%, los contratos de arrendamiento solo podrán ajustarse hasta ese porcentaje, siempre que el canon no supere el 1% del valor comercial del inmueble, salvo que exista un acuerdo entre las partes para un aumento inferior.

En el caso de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, el ajuste para 2026 fue del 23%, aunque este incremento no se calcula con base en el IPC, sino en el aumento decretado para el salario mínimo.

La inflación también será determinante para:

  • Matrículas educativas

  • Tarifas de servicios públicos domiciliarios

  • Algunos contratos indexados

En estos casos, los incrementos no podrán superar el 5,10%, lo que convierte al IPC en una referencia clave para el control de costos y presupuestos.

Sectores con mayores aumentos de precios

De acuerdo con el DANE, las divisiones de gasto que más presionaron la inflación en 2025 fueron:

  • Restaurantes y hoteles: 7,91%

  • Educación: 7,36%

  • Salud: 7,20%

  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,37%

  • Transporte: 5,35%

Estos sectores se ubicaron por encima del promedio nacional y explican buena parte del impacto que sienten los consumidores en su gasto cotidiano.

Alivios en productos básicos y energía

En contraste, algunos productos esenciales registraron caídas significativas en sus precios, ayudando a moderar la inflación general:

  • Papa: -24,61%

  • Arroz: -6,68%

  • Electricidad: -2,53%

Dentro de los alimentos, también se observaron comportamientos mixtos. Mientras la carne de res y derivados subieron un 9,55%, y el café registró un fuerte incremento del 52,07%, productos como frutas frescas, cebolla y zanahoria mostraron variaciones negativas.

Inflación de diciembre y perspectivas

En diciembre de 2025, el IPC mensual fue de 0,27%. Las mayores alzas se concentraron en:

  • Restaurantes y hoteles: 1,24%

  • Recreación y cultura: 1,04%

  • Transporte: 0,41%

Aunque el cierre del año mostró una inflación más contenida, el IPC del 5,10% seguirá siendo un factor determinante en 2026, especialmente en un contexto de ajustes salariales, presión sobre costos empresariales y cambios en los hábitos de consumo.

En adelante, la inflación será una variable clave para evaluar el equilibrio entre poder adquisitivo, sostenibilidad empresarial y control del costo de vida en Colombia.

Plan del Gobierno para los fondos privados pondría en riesgo el ahorro de los colombianos, advierte exdirectora de la URF El proyecto de decreto buscaría repatriar hasta $250 billones invertidos en el exterior, una medida que, según expertos, podría desestabilizar el mercado de capitales local La intención del Gobierno Nacional de modificar los límites de inversión de los fondos privados de pensiones y traer al país parte de los recursos que hoy están invertidos en el exterior ha encendido las alarmas en el sector financiero. La advertencia más contundente proviene de Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), quien renunció a su cargo tras alertar sobre los riesgos que esta estrategia implicaría para el ahorro pensional de millones de colombianos. El proyecto de decreto, actualmente en preparación, contemplaría la repatriación de cerca de $250 billones, recursos que hoy se encuentran diversificados en distintos países, monedas y activos internacionales como mecanismo de protección frente a los riesgos del mercado local. Riesgo para el ahorro pensional y el sistema financiero En declaraciones a Noticias RCN, Higuera explicó que, aunque la iniciativa del Gobierno busca aumentar la liquidez interna y reducir presiones fiscales, la medida es técnicamente riesgosa e inviable en su forma actual. “Hicimos una lectura rigurosa y clara de los riesgos que podría presentar para los afiliados, para el sistema, para los emisores y para el mismo mercado de capitales colombiano traer de manera abrupta este dinero”, señaló. Según la exfuncionaria, el principal problema radica en que el mercado de capitales colombiano no tiene la profundidad ni la liquidez necesarias para absorber en corto tiempo una cantidad tan significativa de recursos sin generar distorsiones. “El mercado de capitales colombiano es poco líquido, tiene pocos emisores, pocos instrumentos y no es lo suficientemente grande como para recibir esa cantidad de dinero”, advirtió. Diversificación: la clave de la protección del ahorro Los fondos privados de pensiones mantienen una parte relevante de sus inversiones en el exterior como estrategia de diversificación del riesgo, protegiendo el ahorro de los trabajadores frente a choques macroeconómicos, fiscales o financieros locales. Traer de regreso esos recursos, de forma acelerada, podría: Aumentar la concentración del riesgo en activos nacionales. Presionar artificialmente los precios de bonos y acciones locales. Reducir los retornos de largo plazo para los afiliados. Generar vulnerabilidades en el sistema financiero. Tensiones dentro del Gobierno Higuera también cuestionó el proceso interno de formulación del decreto y aseguró que el presidente Gustavo Petro no habría sido advertido oportunamente sobre los riesgos técnicos de la medida antes de que esta comenzara a estructurarse. “No he dicho que el presidente no tenga la razón. He dicho que el ministro de Hacienda y el superintendente financiero estructuraron un proyecto de decreto sin contárselo al presidente”, afirmó. Según explicó, el mandatario no tendría interés en afectar el ahorro de los colombianos, sino en promover que los recursos nacionales se traduzcan en mayor bienestar social. Sin embargo, advirtió que las decisiones técnicas mal ejecutadas pueden tener consecuencias estructurales graves, aun cuando la intención política sea positiva. Vigilancia institucional y preocupación del sector La Procuraduría General de la Nación ya anunció que revisará el proyecto de decreto en una mesa técnica, mientras que los fondos privados han reiterado que cualquier modificación abrupta al régimen de inversiones afectaría directamente a los afiliados, especialmente en un contexto de alta incertidumbre económica. Para analistas del sector, el debate refleja una tensión de fondo entre la necesidad del Gobierno de movilizar recursos internos y la obligación de proteger el ahorro pensional como pilar del sistema financiero y de la estabilidad macroeconómica. El desenlace de este proyecto será clave no solo para el futuro de los fondos privados, sino también para la confianza de los colombianos en la seguridad de su ahorro de largo plazo.

 

Plan del Gobierno para los fondos privados pondría en riesgo el ahorro de los colombianos, advierte exdirectora de la URF

El proyecto de decreto buscaría repatriar hasta $250 billones invertidos en el exterior, una medida que, según expertos, podría desestabilizar el mercado de capitales local

La intención del Gobierno Nacional de modificar los límites de inversión de los fondos privados de pensiones y traer al país parte de los recursos que hoy están invertidos en el exterior ha encendido las alarmas en el sector financiero. La advertencia más contundente proviene de Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), quien renunció a su cargo tras alertar sobre los riesgos que esta estrategia implicaría para el ahorro pensional de millones de colombianos.

El proyecto de decreto, actualmente en preparación, contemplaría la repatriación de cerca de $250 billones, recursos que hoy se encuentran diversificados en distintos países, monedas y activos internacionales como mecanismo de protección frente a los riesgos del mercado local.

Riesgo para el ahorro pensional y el sistema financiero

En declaraciones a Noticias RCN, Higuera explicó que, aunque la iniciativa del Gobierno busca aumentar la liquidez interna y reducir presiones fiscales, la medida es técnicamente riesgosa e inviable en su forma actual.

“Hicimos una lectura rigurosa y clara de los riesgos que podría presentar para los afiliados, para el sistema, para los emisores y para el mismo mercado de capitales colombiano traer de manera abrupta este dinero”, señaló.

Según la exfuncionaria, el principal problema radica en que el mercado de capitales colombiano no tiene la profundidad ni la liquidez necesarias para absorber en corto tiempo una cantidad tan significativa de recursos sin generar distorsiones.

“El mercado de capitales colombiano es poco líquido, tiene pocos emisores, pocos instrumentos y no es lo suficientemente grande como para recibir esa cantidad de dinero”, advirtió.

Diversificación: la clave de la protección del ahorro

Los fondos privados de pensiones mantienen una parte relevante de sus inversiones en el exterior como estrategia de diversificación del riesgo, protegiendo el ahorro de los trabajadores frente a choques macroeconómicos, fiscales o financieros locales.

Traer de regreso esos recursos, de forma acelerada, podría:

  • Aumentar la concentración del riesgo en activos nacionales.

  • Presionar artificialmente los precios de bonos y acciones locales.

  • Reducir los retornos de largo plazo para los afiliados.

  • Generar vulnerabilidades en el sistema financiero.

Tensiones dentro del Gobierno

Higuera también cuestionó el proceso interno de formulación del decreto y aseguró que el presidente Gustavo Petro no habría sido advertido oportunamente sobre los riesgos técnicos de la medida antes de que esta comenzara a estructurarse.

“No he dicho que el presidente no tenga la razón. He dicho que el ministro de Hacienda y el superintendente financiero estructuraron un proyecto de decreto sin contárselo al presidente”, afirmó.

Según explicó, el mandatario no tendría interés en afectar el ahorro de los colombianos, sino en promover que los recursos nacionales se traduzcan en mayor bienestar social. Sin embargo, advirtió que las decisiones técnicas mal ejecutadas pueden tener consecuencias estructurales graves, aun cuando la intención política sea positiva.

Vigilancia institucional y preocupación del sector

La Procuraduría General de la Nación ya anunció que revisará el proyecto de decreto en una mesa técnica, mientras que los fondos privados han reiterado que cualquier modificación abrupta al régimen de inversiones afectaría directamente a los afiliados, especialmente en un contexto de alta incertidumbre económica.

Para analistas del sector, el debate refleja una tensión de fondo entre la necesidad del Gobierno de movilizar recursos internos y la obligación de proteger el ahorro pensional como pilar del sistema financiero y de la estabilidad macroeconómica.

El desenlace de este proyecto será clave no solo para el futuro de los fondos privados, sino también para la confianza de los colombianos en la seguridad de su ahorro de largo plazo.

Supermercado en Bogotá no vendió todo en diciembre y lanza descuentos de hasta 50 % en enero

 

Supermercado en Bogotá no vendió todo en diciembre y lanza descuentos de hasta 50 % en enero

Makro inicia 2026 con una fuerte liquidación en productos de aseo y alimentos tras un cierre de año por debajo de lo esperado

El arranque de 2026 evidencia los ajustes que el comercio minorista está haciendo tras una temporada decembrina que no cumplió las expectativas de venta. En Bogotá, Makro anunció una liquidación especial con descuentos de hasta el 50 %, principalmente en productos de aseo, luego de no haber logrado vender todo su inventario durante diciembre, el mes más importante para el sector en Colombia.

De acuerdo con la cadena mayorista, pese a las campañas promocionales realizadas en fin de año, quedó un volumen significativo de productos almacenados, especialmente en la categoría de limpieza y cuidado del hogar. Para evitar mayores costos de inventario y acelerar la rotación, la empresa decidió extender su liquidación decembrina bajo la estrategia denominada Especial de Aseo.

Descuentos vigentes hasta el 19 de enero

Makro informó que la campaña estará activa del 9 al 19 de enero, periodo en el que los consumidores podrán encontrar rebajas relevantes no solo en artículos de aseo, sino también en productos de despensa, congelados, proteínas, lácteos y bebidas.

Entre las principales ofertas se destacan:

Productos de aseo con fuertes rebajas

  • Hasta 50 % de descuento en lavalozas y máquinas de afeitar.

  • Hasta 40 % de descuento en detergentes, desodorantes, suavizantes y limpiadores para el hogar.

  • Hasta 35 % de descuento en cremas dentales, jabones, productos de cuidado corporal, servilletas, toallas higiénicas y blanqueadores.

  • Hasta 30 % de descuento en productos capilares, papel higiénico, pañales, toallas húmedas y cuidado íntimo.

  • Hasta 25 % de descuento en utensilios de limpieza como escobas, trapeadores, guantes y productos de marca propia Aro.

Alimentos y productos complementarios

  • 50 % de descuento en la segunda unidad de papas congeladas marca Aro.

  • Hasta 30 % de descuento en productos congelados, azúcar y bebidas de almendras.

  • Hasta 25 % de descuento en leche, gaseosas, salmón, camarones, filetes de pescado, nuggets de pollo, jamón, mantequilla, aceites, harinas, café, chocolate, aguas, arepas y tortillas.

Señal del comportamiento del consumo

La decisión de Makro se suma a una tendencia que empieza a verse con mayor frecuencia en grandes superficies: liquidaciones agresivas en enero como respuesta a un consumo más cauteloso, presionado por la inflación, el aumento del salario mínimo, los servicios públicos y la menor capacidad de gasto de los hogares.

Analistas del sector consideran que estas estrategias no solo buscan liberar inventario, sino también estimular la demanda en un inicio de año tradicionalmente lento, en medio de un entorno económico que obliga a los consumidores a priorizar precios y promociones.

Para los hogares bogotanos, la liquidación representa una oportunidad de ahorro en productos básicos. Para el comercio, es una señal clara de que 2026 inicia con ajustes, cautela y competencia intensa por el bolsillo del consumidor.

Salario mínimo e IPC ponen contra las cuerdas a los restaurantes: cierres, despidos y menús más caros en 2026

 

Salario mínimo e IPC ponen contra las cuerdas a los restaurantes: cierres, despidos y menús más caros en 2026

El aumento del 23% en el salario mínimo, sumado a la inflación y los nuevos recargos laborales, está acelerando ajustes estructurales en uno de los sectores más intensivos en mano de obra del país.

El inicio de 2026 dejó al descubierto una realidad incómoda para la industria gastronómica colombiana: la sostenibilidad financiera de los restaurantes formales está seriamente comprometida. El incremento del salario mínimo, la presión del IPC y los cambios regulatorios en jornada y recargos laborales están obligando a cierres, despidos, reducción de horarios y aumentos inmediatos en los precios de los menús.

De acuerdo con estimaciones gremiales, en Colombia operan entre 132.000 y 134.000 establecimientos gastronómicos formales, un segmento clave para el empleo urbano. Sin embargo, el sector ya arrastraba una alta informalidad —cercana al 75% u 80%— que hoy se profundiza ante el nuevo escenario de costos.


El punto crítico: la nómina ya representa hasta el 30% de la operación

Uno de los factores más determinantes es la estructura de costos. Según dirigentes del sector consultados por Infobae Colombia, la nómina equivale históricamente al 25% de la operación de un restaurante formal. Con el aumento del salario mínimo del 23% y la aplicación de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m., esa proporción sube fácilmente al 30%.

Gabriel Calderón, presidente de la Junta Directiva de la Agremiación Nacional de Gastronomía y Turismo Sostenible (Angat), explica que un empleado puede costarle hoy a un restaurante entre $3.600.000 y cerca de $4.000.000 mensuales, al sumar salario base, prestaciones, horas extra y recargos.

Este nivel de costos obliga a una reacción inmediata:

“Con este aumento del 23%, tienes que comenzar con un incremento fácilmente del 7% u 8% en los precios”, señala Calderón.

En la práctica, muchos restaurantes consolidados ya ajustaron sus cartas entre 15% y 20% en los primeros días del año, presionados además por el encarecimiento de insumos.


El efecto dominó: precios más altos, menos clientes y más informalidad

El aumento de precios no ocurre en un vacío. El consumo viene debilitado y los hábitos han cambiado. Según Liliana Montaño, presidenta de Acodrés Bogotá Región, el cliente promedio de restaurantes de gama media redujo su ticket de $60.000 a cerca de $35.000, migrando hacia comidas rápidas u opciones informales.

Esto genera un círculo vicioso:

  • Menos consumo

  • Menor rotación

  • Más presión sobre márgenes

  • Recorte de personal o cierre

La informalidad, lejos de disminuir, se convierte en una válvula de escape. Calderón advierte que muchos negocios que pensaban formalizarse “se están echando para atrás”, mientras otros buscan esquemas de contratación por días o turnos, inviables para los establecimientos que cumplen la normativa laboral.


Reducción de horarios y despidos: el ajuste operativo ya comenzó

Otro impacto directo se observa en la operación diaria. La reducción de la jornada laboral y los recargos nocturnos llevaron a los empresarios a revisar sus mallas de horarios.

“Muchos están evaluando si es rentable abrir hasta las 10:00 p. m. o cerrar a las 9:00 p. m., porque cada hora adicional implica más recargos”, explica Calderón.

En ciudades como Bogotá, donde enero suele ser un mes de baja afluencia, los despidos y la postergación de nuevas contrataciones ya están ocurriendo, especialmente en restaurantes medianos.


La inflación del sector supera el promedio nacional

A la presión laboral se suma el IPC. Mientras la inflación nacional cerró 2025 en 5,1%, el sector restaurantes registró un incremento cercano al 7,9%, según Acodrés. Los insumos básicos subieron alrededor de 10%, llevando el costo de alimentos y bebidas hasta el 40% de las ventas.

Además, nuevos tributos —como el cobro por uso de terrazas y jardines en Bogotá— añaden presión adicional. Para Montaño, “la sostenibilidad financiera está de un hilo”.

Por qué es inviable un aumento salarial del 23% para todos los trabajadores de D1

 

El planteamiento sindical choca con la normativa laboral, la estructura salarial y el impacto macroeconómico del sector retail.

El anuncio del incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, abrió un nuevo frente de discusión laboral en Colombia. En este contexto, el sindicato de trabajadores de Tiendas D1 (SINTRA-D1) solicitó formalmente que todos los empleados de la compañía, afiliados o no, reciban un ajuste salarial equivalente al aumento del mínimo.

Sin embargo, expertos en derecho laboral y economía coinciden en que la petición no es viable, ni desde el punto de vista jurídico ni desde la sostenibilidad empresarial y macroeconómica.


1. El aumento del salario mínimo no es universal

El primer punto clave es jurídico. El incremento del salario mínimo solo aplica de manera obligatoria a los trabajadores que devengan el salario mínimo legal vigente. Para quienes ganan por encima de ese umbral, la ley no establece un ajuste automático equivalente.

Como explica Saida Quintero, socia de Quintero y Quintero (Signature Legal Group), los incrementos salariales para trabajadores que ganan más del mínimo dependen de:

  • Lo pactado en una convención colectiva, si existe.

  • La capacidad económica de la empresa.

  • La negociación individual o colectiva aplicable.

En ausencia de una convención colectiva que establezca explícitamente un aumento del 23% para todos, la empresa no está legalmente obligada a concederlo.


2. El sindicato no es mayoritario: el alcance es limitado

Otro elemento determinante es la representatividad sindical. En Colombia, una convención colectiva solo se aplica a todos los trabajadores si el sindicato es mayoritario, es decir, si agrupa a más de un tercio de la planta laboral.

No existe información pública que indique que SINTRA-D1 cumpla con este requisito. De no ser así, cualquier acuerdo salarial solo aplicaría a los afiliados, no al total de empleados de la compañía.


3. Igualdad no es igualitarismo salarial

Desde el análisis económico-laboral, el reclamo también presenta una distorsión conceptual. El experto Charles Chapman advierte que:

“La igualdad se predica sobre supuestos iguales. No están en el mismo supuesto quien gana el salario mínimo y quien gana más del mínimo”.

Aplicar el mismo aumento porcentual a todos los niveles salariales rompe la lógica de la pirámide salarial, genera compresión de ingresos y desincentiva la progresión laboral. En términos técnicos, no es igualdad, sino igualitarismo, una práctica que termina erosionando la estructura de incentivos.


4. Impacto directo en costos, precios e inflación

Desde la perspectiva empresarial y macroeconómica, el ajuste sería aún más problemático. Camilo Cuervo, experto laboral, advierte que un aumento generalizado del 23%:

  • Incrementaría de forma abrupta los costos operativos.

  • Sería trasladado inevitablemente a los precios al consumidor.

  • Tendría un efecto inflacionario inmediato, dada la alta penetración nacional de D1.

D1 no es un comercio marginal: por su tamaño y capilaridad, “mueve precios” en la economía. Un alza masiva de salarios en esta empresa impactaría el IPC, afectando precisamente a los hogares que dependen del salario mínimo.


5. Riesgo para la sostenibilidad del empleo

Paradójicamente, una medida pensada para proteger el ingreso podría terminar poniendo en riesgo la estabilidad laboral. Un aumento uniforme del 23% para toda la nómina:

  • Reduce márgenes en un sector de bajos precios y alta competencia.

  • Incentiva recortes, automatización o reducción de jornadas.

  • Afecta primero a los trabajadores de menores ingresos.

Como señalan los expertos, mejorar el salario mínimo es un acto de justicia social, pero extender ese ajuste sin diferenciación a toda la estructura salarial puede volver insostenible la operación.


Conclusión: una demanda legítima, pero mal planteada

El reclamo del sindicato parte de una preocupación real: la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del costo de vida. No obstante, trasladar mecánicamente el aumento del salario mínimo a toda la nómina:

  • No tiene sustento legal obligatorio.

  • Desconoce la estructura salarial.

  • Genera riesgos inflacionarios.

  • Amenaza la sostenibilidad del empleo.

El desafío para 2026 no será igualar porcentajes, sino equilibrar justicia salarial, productividad y viabilidad económica, especialmente en sectores masivos como el comercio minorista.

Mercado Libre despide a 119 empleados y expone el impacto real de la inteligencia artificial en el empleo tecnológico

 

Mercado Libre despide a 119 empleados y expone el impacto real de la inteligencia artificial en el empleo tecnológico

La reestructuración regional reaviva el debate sobre automatización, beneficios fiscales y el futuro del trabajo calificado en América Latina.

Mercado Libre, la mayor empresa de comercio electrónico y servicios financieros de América Latina, inició 2026 con una reestructuración interna que derivó en el despido de 119 empleados en distintos países de la región, incluyendo Argentina. La medida generó preocupación en el ecosistema tecnológico y volvió a poner en el centro del debate el rol de la inteligencia artificial en la transformación del empleo.

El ajuste se concentró principalmente en el área de Experiencia de Usuario (UX), donde al menos un centenar de trabajadores —especialmente UX writers— fueron desvinculados. Se trata de perfiles clave para el diseño de flujos de navegación, textos y mensajes que guían la interacción de los usuarios dentro de la plataforma y de sus servicios financieros.


Una decisión regional, no un recorte aislado

Las desvinculaciones no se limitaron a una sola filial, sino que se distribuyeron en varios países donde Mercado Libre opera, lo que refuerza la idea de una decisión estratégica a nivel regional. En la mayoría de los casos, los empleados fueron notificados de manera individual bajo el argumento de una “reestructuración de roles”, sin mayores precisiones sobre la continuidad del área ni sobre eventuales reemplazos.

Este tipo de ajustes se da en un contexto más amplio de revisión de estructuras laborales en el sector tecnológico, donde muchas funciones tradicionales están siendo reevaluadas frente al avance de nuevas herramientas digitales.


La inteligencia artificial, el factor no declarado

Aunque la empresa evitó vincular públicamente los despidos con procesos de automatización, entre los trabajadores tomó fuerza la versión de que la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial fue un factor determinante. Sistemas capaces de generar textos, optimizar recorridos de usuario y mejorar interfaces sin intervención humana directa ya están siendo utilizados de forma creciente en plataformas digitales.

El caso de los UX writers resulta especialmente sensible, ya que es uno de los primeros roles donde la IA demuestra capacidad de sustitución parcial o total, reduciendo costos y acelerando procesos. La preocupación central es clara: tareas que hasta hace poco requerían equipos especializados hoy pueden ser absorbidas por soluciones automatizadas.


Beneficios fiscales y empleo: una tensión creciente

La reestructuración también volvió a poner bajo la lupa la Ley de Economía del Conocimiento, de la cual Mercado Libre es beneficiaria. Este régimen otorga alivios impositivos y subsidios con el objetivo de fomentar el empleo calificado y la innovación tecnológica.

En septiembre de 2025, la Asociación Gremial de Computación (AGC) denunció a varias empresas del sector por presunto uso indebido de estos beneficios mientras avanzaban con despidos masivos. Si bien Mercado Libre no fue el eje central de esa denuncia, el nuevo ajuste reavivó las críticas sindicales sobre el cumplimiento real de los compromisos asumidos a cambio de los incentivos estatales.


Análisis: innovación sin red de contención laboral

El caso Mercado Libre refleja una tensión que se profundizará durante 2026: la convivencia entre innovación tecnológica, automatización y estabilidad laboral. La inteligencia artificial avanza con rapidez, pero el marco regulatorio y las políticas de protección del empleo aún no logran adaptarse al mismo ritmo.

La pregunta que queda abierta es directa:
¿puede el desarrollo tecnológico sostenerse en el tiempo sin un correlato en la preservación —o reconversión— del empleo calificado?

Por ahora, la respuesta del mercado parece inclinarse hacia la eficiencia y la reducción de costos. El impacto social y laboral de esa decisión, sin embargo, recién empieza a sentirse.

JPMorgan lidera la caída bancaria en Wall Street tras decepcionar en banca de inversiónJPMorgan lidera la caída bancaria en Wall Street tras decepcionar en banca de inversión

  JPMorgan lidera la caída bancaria en Wall Street tras decepcionar en banca de inversión Resultados sólidos en trading e intereses no logr...